La política migratoria mexicana ha experimentado un proceso de militarización verificable a partir de tres elementos: la intervención de la Guardia Nacional en su ejecución, la toma del control migratorio por parte de las Fuerzas Armadas, y la colocación de militares y exmilitares en puestos clave del Instituto Nacional de Migración.

Por ejemplo, en el estado de Chihuahua un 90% de las personas ingresadas a estaciones migratorias han sido puestas a disposición por la Guardia Nacional, cuyos elementos no actúan como garantes de derechos, sino como agentes de contención y deportación, o incluso generadores de riesgos para las personas migrantes y sus familias.

Así lo señala el informe “Bajo la bota. Militarización de la política migratoria en México”, que se presenta hoy a partir de una investigación elaborada por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, organizaciones de derechos humanos locales como Derechoscopio (Baja California), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) (Chihuahua) y Uno de Siete Migrando (Chihuahua), además de la red de Periodistas de a Pie, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y Sin Fronteras IAP.